Hasta ahora, nuestro Ayuntamiento asumía íntegramente el coste destinado a este servicio esencial, financiándolo con recursos propios dentro del presupuesto municipal.
Sin embargo, a partir del 2025, estamos legalmente obligados a trasladar este coste a todos los vecinos, conforme a la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, estipulada por el Gobierno central.
No se trata de una decisión local, sino de una medida nacional obligatoria.
